El lunes la Corte Suprema escuchó los primeros argumentos de United States v. Texas, una causa judicial que afectará algunos cuatro millones de inmigrantes. El caso se trata de D.A.C.A. y D.A.P.A., dos acciones ejecutivas instituidas por el Presidente Obama en noviembre del 2014.
Estas acciones ejecutivas han recibido un contragolpe de personas anti-inmigrantes tal como personas contra cualquier acción ejecutiva. 23 estados han iniciado un juicio contra el gobierno federal por el sobrepaso del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Texas es el estado que representa los demás estados en esta causa judicial.
D.A.C.A., o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, es una legislación que permite a las personas que trabajen si llegaron a los EE.UU. antes de los 16 años que actualmente están en la escuela y no tienen estatus legal.
En conjunto con D.A.C.A., D.A.P.A. (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres) es otra legislación para los padres, mas esta se dirige a los padres indocumentados.
Acción diferida puede ser un tema complicado en relación a la ley. Luis V. Gutiérrez, congresista del 4to distrito de Illinois, defina acción diferida: “[La Acción Diferida] es una decisión discrecional tomada por las autoridades de inmigración para no deportar a alguien de los Estados Unidos por un período de tiempo determinado. La acción diferida se determina según el caso y ofrece un permiso de trabajo y la protección ante de la deportación (a menos que sea revocado o cancelado por alguna razón), pero no ofrece estatus migratorio o beneficios de cualquier tipo”.
La jueza Sonya Sotomayor habló sobre los inmigrantes indocumentados el lunes durante los procedimientos judiciales.
“¿Entonces tenemos básicamente 10 millón, 900 mil que no pueden ser deportados, porque no hay suficientes recursos, correcto?”
General Donald B. Verrilli, el procurador general del departamento de justicia afirmó a esta respuesta.
“Entonces están aquí, si los queremos o no”, dijo Sotomayor.
Una de las personas contra D.A.C.A. y D.A.P.A. es el senador Mike Lee (R-UT).
Lee escribió su opinion sobre D.A.P.A. en la revista National Review: “los hechos de este caso están claros: con aprobar el programa de D.A.P.A., Presidente Obama infringió la ley, usurpó la autoridad del congreso para regular inmigración y quebrantó su deber constitucional de “cuidar de que las leyes se ejecuten puntualmente”.
La Corte podría dar su veredicto de United States v. Texas en junio, lo más pronto posible. Si la Corte se queda empatada 4 a 4, el veredicto de la Corte de Apelación se quedará como es y los estados individuos podrían decidir lo que hacen con reforma inmigratoria.